El reflejo de la hipocresía

El gobierno “interino” de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional se alejan cada vez más de sus funciones. Ambas instituciones, inseparablemente ligadas, instauran juntas su propia oligarquía. No recuerdo bien si fue en septiembre o noviembre, pero en uno de esos meses del año 2015 fui a inscribirme en el Registro Electoral en la estación de metro de Antímano. Lo hice con varios amigos porque ese año había elecciones a la Asamblea Nacional y era nuestra primera oportunidad para votar. Había escuchado a varios conocidos dudar de mi decisión, me decían que en Venezuela no era posible ganar una elección, ¿para qué registrarme? No hice caso, fui, me inscribí y voté el 6 de diciembre. Pues, la elección de ese año fue una derrota estruendosa para el llamado Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. La Mesa de la Unidad Democrática aseguró 112 escaños, dejando al partido de gobierno con solamente 55. Obviamente tuve mis dudas sobre qué tan real y efectivo sería el control de la oposición en el parlamento, debido a que el gobierno de Nicolás Maduro seguramente inventaría alguna forma de retomar el poder. Pero admito que tuve esperanza de que era un paso positivo para remover al PSUV del gobierno. Ya sabemos lo que vino, desde la controversia por los diputados de Amazonas, al Tribunal Supremo de Justicia declarando a la Asamblea en “desacato”, a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente como un ente legislativo paralelo controlado por el régimen. A pesar de todo esto, la Asamblea siguió trabajando, tratando de ejercer sus funciones en la medida de lo posible. Fue un paso que vi como admirable, después de todo ellos habían sido electos legítimamente, mientras que el TSJ y la ANC claramente violaban el ordenamiento jurídico establecido. Igual, las cosas se veían bien complicadas. En 2018, la ANC ordenó elecciones presidenciales de forma ilegal, por supuesto, debido a que dicha institución no tiene competencia para convocar elecciones. Así fue como llegamos a la controversia de la “falta absoluta” de Maduro el 10 de enero de 2019 y lo cual nos llevó al siguiente tema relevante el día de hoy: la Presidencia Encargada de Juan Guaidó. El 23 de enero de 2019 Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional, fue proclamado y juramentado como Presidente Encargado de la República de Venezuela justo afuera del Centro Lido en Caracas. Admito que fue otro momento algo esperanzador, pero quizás estaba desesperado y ya. A la oposición, los medios y a los electores nos encanta hablar sobre como el régimen de Maduro irrespeta el orden jurídico, violando leyes y regulaciones que ellos mismos redactaron . Vemos foros organizados por universidades, consultoras políticas y organizaciones no-gubernamentales donde hablan políticos y activistas que reclaman la muerte del estado de derecho. Sin embargo, muchas de las mismas personas se voltean y llaman a Guaidó “Presidente” y usan el calificativo “legítima” cada vez que se refieren a la Asamblea Nacional electa en 2015. Hay algo que nos debe quedar claro si no queremos ser hipócritas. La “Presidencia Encargada” y la Asamblea Nacional no tienen legitimidad legal alguna. Ambas instituciones son ficciones desesperadas mantenidas por un bando político que trata de remover a Maduro y al PSUV del poder. Es entendible que quieran hacerlo, el PSUV ha llevado este país a la ruina a un ritmo tan rápido que hasta Acción Democrática y COPEI están celosos pero no creo que por eso debamos caer en el mismo juego del régimen. Quizás lo primero que debamos hacer es aclarar un poco de donde originan estas dos figuras para poder luego evaluar cuán bajo han caído. Guaidó y la Presidencia La base legal para el interinato ha sido replicada en todos lados e incluida en cada discurso. A estas alturas ya nos sabemos el número del artículo de la Constitución de memoria: 233. Dicha norma habla sobre las “faltas absolutas” del Presidente, siendo estas: Su muerte. Su renuncia. Su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Su incapacidad física o mental permanente. El abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional. La revocación popular de su mandato. El segundo párrafo de la norma indica que cuando una falta absoluta sea evidenciada previo a que el Presidente tome posesión del cargo, se convocará a elecciones nuevas dentro de treinta días y el Presidente de la Asamblea Nacional ejercerá las funciones de Presidente de la República hasta que tengamos resultados de las nuevas elecciones. Pero, si nos fijamos bien, veremos que ninguna de las causas de falta absoluta listadas anteriormente era aplicable a Venezuela en 2019. Aunque eso no detuvo a la Asamblea Nacional cuando declaró el abandono del cargo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Como bien explicó en su momento José Ignacio Hernández, el artículo 233 no era aplicable debido a que no se verificaba el supuesto necesario contemplado en la norma. Las cosas eran muy distintas, en primer lugar, no había Presidente cuya falta absoluta declarar debido a que las elecciones de 2018 fueron ordenadas por la Asamblea Nacional Constituyente, institución que no tiene legitimidad alguna para convocarlas. Al final, la Asamblea Nacional interpretó la norma para incluir este nuevo supuesto sin precedentes y así instalar a Guaidó como Presidente Encargado. ¿Qué debía hacer Guaidó? Como dice el párrafo segundo del artículo 233, Guaidó debía encargarse de la Presidencia por treinta días mientras se celebraban nuevas elecciones pero aquello nunca ocurrió. Aquí es fácil decir que el CNE es corrupto y obviamente no iba a organizar nuevas elecciones, entonces ¿por qué no se designaron nuevos rectores dentro de esos treinta días? Los rectores del CNE son designados por la Asamblea Nacional, tal como establece el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. La Asamblea pudo haber designado nuevos rectores y aquellos podían fijar una fecha para elecciones. Pero no lo hicieron, el interinato se instaló y no se movió (ni se ha movido) para organizar elecciones paralelas. El régimen interino En vez de encargarse de sus funciones, el interinato sirvió como una buena estrategia política para asegurar el financiamiento continuo de los esfuerzos de la oposición, debido a que solo seis días después de la proclamación de Guaidó el Secretario de Estado de los Estados Unidos anunció que pondría a su disposición todas las cuentas de Venezuela en aquel país. Asimismo, el interinato se hizo con activos de Venezuela en el extranjero como la petrolera estadounidense CITGO y la compañía de fertilizantes colombiana Monómeros Colombo Venezolanos, subsidiaria de PDVSA por medio de Pequiven. Pero más allá de lograr financiamiento y la “protección” de activos de la nación en el extranjero, el interinato solamente ha logrado desvirtuar sus propósitos y pelar la ya delgada cobertura de legalidad que tenía. Además, dicha “protección” debe ser bien cuestionada después de los escándalos públicos que sufrió Monómeros este año. De todas formas, el mandato constitucional de la Asamblea Nacional de 2016 venció el 5 de enero de 2021. El mes anterior hubo elecciones parlamentarias (irregulares, obviamente) y la oposición organizó una consulta para desconocerlas . Aquella consulta fue bastante cómica, por cierto, en el proceso de calificar como fraudulentas las elecciones parlamentarias, la oposición organizó una consulta sin observadores externos y sin controles para evitar que una persona votase varias veces. El gobierno de Guaidó tenía que durar 30 días, no los 1.077 que ha durado hasta el momento que escribo esto. Pero aquí estamos y ni el interinato ni la Asamblea parecen querer cambiar de rumbo. Hipocresía astronómica El pasado 27 de diciembre, 2021, la Asamblea aprobó la extensión de su mandato por otro año más mediante la modificación del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia. Este ya es el segundo año consecutivo en que la Asamblea recurre a la modificación del instrumento para justificar su existencia. Francamente, esto es inconstitucional. La Asamblea es electa por voto popular, no puede auto legitimarse por medio de un voto interno. Pero más allá de eso, la reforma discutida y aprobada en primera discusión incluso le remueve competencias a la Presidencia. La Asamblea Nacional no puede establecer un estatuto que contraríe a la Constitución. El resultado es que la Asamblea Nacional, actuando fuera de su mandato constitucional sin ser electa de forma popular, se ha instalado como un ente por encima de la Presidencia, en vez de ser una institución a la par del Ejecutivo para proteger el principio de separación de poderes. Como si no fuese suficiente, el Tribunal Supremo de Justicia “en el exilio”, tomando notas de su par pro-Maduro en Caracas, sentenció el 15 de diciembre que Guaidó debía continuar como Presidente y se “determinó” la “continuidad constitucional” de la Asamblea. Las consideraciones de Guaidó, la Asamblea y el “TSJ en el exilio” no son legales, son políticas. Pero las tres instituciones pretenden estar apegadas a la Constitución cuando la realidad demuestra lo contrario. El resultado aquí es la permanencia de un grupo reducido de funcionarios no electos que se atribuyen competencias que no les pertenecen y lo justifican con cantos vacíos de legalidad cuando realmente lo que han hecho es copiarse del régimen en Venezuela. Este país es un circo. Un circo donde tenemos a dos payasos haciéndose llamar “Presidente” cuando ninguno lo es. Un circo donde, para remover una forma de gobierno inconstitucional, se ha creado otra forma inconstitucional en paralelo. No sé a dónde irán las cosas, pero me queda claro que ya es hora de dejar de pretender que Guaidó es Presidente y que la Asamblea nos representa. Mi sugerencia a la oposición es que reconozcan esta realidad y se preparen para organizar un referendo revocatorio en este 2022. Las elecciones regionales de este año demostraron la falta de unidad y organización que tienen los actores políticos que se oponen al PSUV, esto no es un buen presagio en miras al revocatorio. Nos queda exigirles que hagan su trabajo y dejen de jugar al partidismo ridículo que vienen arrastrando desde hace décadas. Ha llegado un año nuevo y con él viene una nueva oportunidad. A diferencia de 2015 y 2019, ya no tengo mucho optimismo, pero sí deseo estar equivocado. Luis Gonzalez es un abogado graduado en la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas, Venezuela), actualmente ejerce el derecho en el sector privado y es fundador y co-editor de The Explorer. Puedes encontrarlo en Twitter en @lagm96 .